Consejo de Estado precisa jurisprudencia sobre regímenes de transición en licencias ambientales

En sentencia de 1 de junio de 2020, la sección primera del Consejo de Estado precisó la posición jurisprudencial acerca de la vigencia y otras características de las licencias ambientales cuando estas varían por cambios normativos, concretamente los realizados en la transición del Decreto 1753 de 1994 al Decreto 1728 de 2002.


Por: Jorge Andrés Obando Moreno

Guerrero Ruiz Asociados


En esta sentencia, el Consejo de Estado falló la segunda instancia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Preservación Ambiental Ltda. en contra de los actos administrativos expedidos por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (Hoy Secretaría Distrital de Ambiente) en el marco de la licencia ambiental requerida por el demandante para desarrollar su objeto social.


En esta oportunidad, el Consejo de Estado analizó el régimen de transición establecido por el Decreto 1728 de 2002 al derogar el Decreto 1753 de 1994 con respecto a las vigencias de las licencias ambientales, entre otros problemas jurídicos que se resolvieron en la sentencia. Entre los hechos que dan origen al litigio, se destaca como pertinente la licencia ambiental expedida por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente con el término de vigencia de 1 año, basado en la facultad que daba el parágrafo 3.º del artículo 5.º del Decreto 1753 de 1994 para conceder licencias con un plazo inferior al del proyecto, obra o actividad (POA). Según los demandantes, el término de duración de la licencia debe corresponder a la vida útil del proyecto y cubrir su desmantelamiento o terminación, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1728 de 2002 que derogó el Decreto 1753 de 1994 y suprimió tal facultad que tenía la autoridad de fijar la vigencia de la licencia ambiental por un término inferior a la duración del POA.


Sobre lo anterior, la corporación considero que los decretos que regulan la expedición y vigencia de las licencias ambientales son indivisibles e interdependientes; en esta medida, el término de vigencia de estas depende del cumplimiento de los requisitos previstos en cada normativa, es decir que no son susceptibles de una división en su contenido y vigencia. Por lo tanto, cuando una ley nueva regula la expedición de una licencia ambiental, la administración no puede desconocer los efectos de las actuaciones producidos bajo la ley anterior, respecto de las situaciones en curso.


Conforme la anterior, el Consejo de Estado reiteró su jurisprudencia, y precisó que cuando entra en vigencia una norma que regula la expedición de licencias ambientales, los procedimientos administrativos en curso deben culminar con la norma anterior, a menos que la ley establezca una regla de vigencia diferente. Esta interpretación, a juicio de la corporación, concuerda con las reglas previstas en la Ley 153 de 1887 y permite la aplicación armónica de la normativa que regula la expedición de licencias ambientales y la protección del medio ambiente. Con base en lo anterior, el Consejo de Estado negó las pretensiones del demandante en este punto y consideró que la vigencia de la licencia ambiental por un término inferior a la vida del POA en el marco del Decreto 1753 de 1994 es ajustada a derecho.


Por otra parte, en el caso en concreto el Consejo de Estado recalcó que la ampliación del término de vigencia de la licencia ambiental fue denegada por la administración en sede de recurso de reposición, habida cuenta que el recurrente no cumplía con los obligaciones y requisitos ambientales pertinentes. Para la corporación, resultaba legitimo sujetar la ampliación del término de vigencia de la licencia al cumplimiento de tales obligaciones, con base en el principio de prevención, pues de esta manera la administración cumplió su función de prevenir que el desarrollo del objeto social del demandante generara daños ambientales.


Por ultimo, es importante resaltar que el Consejo de Estado en la presente sentencia, también reiteró su jurisprudencia sobre temas como el agotamiento de la vía gubernativa para acceder a la vía contencioso administrativa y el debido proceso administrativo.


(Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. 1 de Junio de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2003-00072-01).



58 vistas0 comentarios