Consejo de Estado reitera jurisprudencia sobre daño especial por redelimitación de reserva forestal

Mediante sentencia de 13 de agosto de 2021, la Sección Tercera reiteró su jurisprudencia sobre los requisitos que se deben cumplir para configurar el daño especial por redelimitación de zona de reserva forestal protectora del Bosque Oriental, en el marco de la función social y ecológica de la propiedad.


Por: Jorge Andrés Obando Moreno

Guerrero Ruiz Asociados



La sección tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 13 de agosto de 2021 reiteró su jurisprudencia sobre los requisitos que se deben cumplir para que se configure el daño especial por redelimitación de la zona de reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá.


El litigio se originó porque la parte demandante alegó un daño especial causado por la pérdida de la inversión que realizó sobre unos lotes destinados a la construcción de más de dos mil viviendas de interés social, presuntamente producto de unas resoluciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible que realinderaron la zona de reserva forestal de los cerros orientales y suspendieron los trámites de permisos y autorizaciones del proyecto, así como de una sentencia acción popular que prohibió el desarrollo del proyecto en la zona.


Al respecto, el Consejo de Estado reiteró que el daño especial es un título de imputación que no tiene como fundamento un error o falla atribuible al Estado o a alguno de sus agentes, sino el ejercicio, por parte de aquél o de éstos, de actividades legítimas que se proyectan negativamente en el patrimonio de los administrados, bajo la connotación de daños antijurídicos y que en aras de garantizar la equidad y el equilibrio frente a las cargas públicas, deben ser indemnizados.


En ese sentido, la corporación reiteró que para configurar el daño especial deben concurrir los siguientes requisitos, entre otros:


- El daño debe ser cierto, esto es, verificable y determinable, en tanto aparezca como una disminución patrimonial o moral en el demandante , sin que pueda ser resarcido lo eventual, hipotético o meramente posible . La acreditación de la certeza del daño es carga del demandante, de manera que le corresponde el deber de probar que sufrió una afectación o menoscabo antijurídico.


- Se debe acreditar que la decisión administrativa sobre el derecho de propiedad, fue excesiva, especial o singular, que supera las condiciones naturales definidas en la función social y ecológica inherente a la propiedad, reconocida en la Constitución y las leyes, o que transgrede un derecho adquirido.


Asimismo, el Consejo de Estado reiteró que en virtud de la función social y ecológica de la propiedad, uno de los límites que se han reconocido en el ordenamiento jurídico a través de los cuales el legislador restringe los derechos, entre ellos, el derecho a la propiedad privada, lo constituyen las reservas forestales protectoras.


Sobre lo anterior, también precisó que si se mantiene la posibilidad de explotar jurídica y económicamente el bien, las limitaciones o cargas impuestas por la administración no implican de suyo la causación de un daño antijurídico. Adicionalmente, si la afectación del bien no se proyecta sobre el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, no necesariamente se está ante una situación generadora de perjuicios.


En este caso, la corporación fallo en contra de la parte demandante, ya que no se acreditó una situación distinta de aquellas que impone la función ecológica y social de la propiedad que le hubiera impuesto una carga excesiva; así como tampoco se acreditaron los elementos de excepcionalidad y anormalidad de dicha situación. Sino que, la suspensión o la sola demora en la recuperación de los dineros invertidos y la obtención del beneficio perseguido por la Caja de Compensación con dicho proyecto, no implica que se le hubiera ocasionado un daño especial, anormal, superior al que normalmente deben asumir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza del derecho de propiedad y los poderes y actuaciones del Estado en materia de intervención económica o como titular de la prerrogativa y potestad para administrar justicia.


Precisamente, la corporación precisó que las resoluciones expedidas y la sentencia de acción popular proferida mediante las cuales presuntamente se causó un daño antijurídico a la parte demandante, obedecieron a lo que, en el marco de sus competencias, las autoridades llevaron a cabo para establecer el manejo que se debía adoptar en la protección de la reserva forestal protectora de los Cerros Orientales al amparo de las disposiciones que desde 1976 los declararon y alinderaron como tal. Por último considero que, al disfrute y realización de ese derecho de propiedad le es inherente la potencialidad de ser afectado por las decisiones de la administración que varíen los usos del suelo, precisamente en punto de la función social y ecológica de la propiedad.


Descargue aquí la sentencia del Consejo de Estado: https://www.dropbox.com/s/lmhbp8ylexz2wmc/C.E.%20-%20Parque%20Residencial%20San%20Jer%C3%B3nimo%20de%20Yuste.docx?dl=0


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