Los conflictos ambientales en relación con el uso del suelo

Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz

Socio | Recursos Naturales y Ambiente

@gguerreroruiz


Columna de Opinión escrita el 16/11/2011


La Constitución Política de Colombia de 1991, incorporó como postulados fundamentales del rediseño de nuestra democracia, algunos principios y reglas que hoy consideramos verdades plenamente establecidas, pero para cuya realización nuestra normatividad debió propiciar una lenta evolución, reconociendo la interrelación entre propiedad, medio ambiente y uso del suelo.


La corresponsabilidad del Estado y los particulares frente a la protección de los recursos naturales renovables y en general de las riquezas naturales del país, supone una carga legítimamente establecida en cabeza de Estado y particulares, sustentada en un Estado solidario, tanto frente a los beneficios como respecto de los costos del bienestar y del desarrollo.


Una consecuencia inequívocamente relacionada con esta corresponsabilidad postulada por la Carta Política, es la concepción de la propiedad como una dicotomía derecho-deber, es decir, bajo el mismo concepto confluyen tanto prerrogativas (uso, goce y disposición bajo el tratamiento tradicional del derecho civil francés), como responsabilidades, obligaciones o cargas (función social que lleva implícita una función ecológica), así, la propiedad y la iniciativa privada pasaron de ser meras atribuciones que pueden ser ejercidas bajo una libertad absoluta, a ser concebidas como fundamentos de la realización de un Estado solidario, particularmente respecto de la protección de los recursos naturales renovables.


Una de las consecuencias de esta dicotomía derecho-deber que hoy envuelve a la propiedad y la iniciativa privada, es el reconocimiento, también constitucional, de la atribución del Estado de regular el uso del suelo y por ende de la propiedad inmueble, en beneficio de la colectividad y en atención a criterios diversos, entre los cuales ha primado el de la vocación del suelo.


El Estado se ha reservado la facultad de intervenir, por mandato de la Ley, en la economía y el ordenamiento del usos del suelo, entre otras razones, cuando de por medio se encuentre la protección del ambiente involucrada; de igual manera, el Estado ha guardado para si la potestad de limitar tanto el ejercicio del derecho de propiedad como la libertad económica y la iniciativa privada, también por mandato legal, cuando el mismo tipo de razones aparezcan en el panorama.


Ahora bien, la regulación de usos del suelo, como expresión que permite la realización de los postulados antes enunciados, a saber, propiedad como derecho-deber y corresponsabilidad frente a la protección de las riquezas naturales de la Nación, es una atribución que junto a la de dictar normas para la protección del patrimonio ecológico municipal, ha sido asignada por la Carta Política a los Concejos Municipales; sin embargo, también ha previsto el legislador aquellas excepciones bajo las cuales niveles distintos de la administración pública (Nación y CAR’s esencialmente), pueden intervenir en el ejercicio de tal facultad, bajo el concepto de “determinantes del ordenamiento territorial”, normas de superior jerarquía que condicionan el ejercicio de los atributos propios de los municipios frente al ordenamiento del territorio.


Esta facultad de intervención ha dado lugar a uno de los conflictos en torno al uso del suelo y la protección del patrimonio ecológico mas significativo: la excepción ha venido tornándose en regla, de tal suerte que los atributos constitucionales de los municipios, van siendo vaciados por regulaciones y ordenamientos que imponen, frente al uso del suelo, sus propias prioridades y vocaciones, así, encontramos por ejemplo al sector minero, al sector agropecuario, al sector forestal, al sector de vivienda, definiendo prelaciones y vocaciones del suelo según la valoración de los atributos del mismo bajo la perspectiva unívoca sectorial, sin que medie un arreglo institucional que permita que el ordenamiento del uso del suelo sea uno solo, articulado, real y que reconozca la multifuncionalidad del territorio.


Pero si los conflictos abundan en el espectro sectorial, no son inferiores cuando se analiza el ejercicio de estas potestades públicas en los niveles municipal, departamental, nacional y “regional”: la invasión de competencias municipales permanente por parte de la Nación y las autoridades ambientales regionales bajo el escudo de la defensa de un patrimonio supramunicipal ha venido dando curso a una tendencia neocentralista, que considera a los municipios como interdictos a los que antes que fortalecer hay que terminar de debilitar sobre la base del despojo de sus competencias constitucionales.


El equilibrio entre la propiedad como derecho-deber, la corresponsabilidad frente a la protección ambiental y la regulación del uso del suelo como atributo Estatal, demanda también el resguardo del fino equilibrio entre los poderes locales y nacionales en el gobierno de los asuntos públicos ambientales, que en últimas se evidencian a través de la regulación del uso del suelo; es menester que recordemos que el territorio y una gestión del ambiente efectiva se construye de abajo hacia arriba, desde lo local, con la gente, y no a la inversa.


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