Nuevo decreto sobre supresión de trámites: Aspectos ambientales y urbanísticos

Actualizado: hace 5 días

Por Gustavo Guerrero Ruiz

Socio | Recursos Naturales y Medio Ambiente

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@guerreroruiz





El Gobierno Nacional expidió el pasado 22 de noviembre el Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública", ejercicio regulatorio ya tradicional en el devenir normativo del país, que asume cada titular del Gobierno Nacional con miras a racionalizar los trámites y procesos de la administración pública, a fin de ponerlos a tono con los avances tecnológicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a respuestas prontas y efectivas por parte de la administración pública.


En este artículo, abordaremos un análisis de las principales novedades comprendidas en esta nueva reglamentación, especialmente asociadas a los ámbitos normativos en materia ambiental (incluyendo energías renovables) y urbanística (incluyendo propiedad horizontal), partiendo de los asuntos generales relevantes previstos en este nuevo reglamento.


Los aspectos generales relevantes


El Decreto 2106 de 2019, recoge algunos de los propósitos consignados en la Ley 1955 de 2019 asociados a la lucha contra la corrupción, objetivo frente al cual, facilitar el acceso de los ciudadanos al Estado, resulta, a juicio del ejecutivo, una acción fundamental.


Es importante señalar en primer lugar, que el Presidente de la República expidió este Decreto en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgó el artículo 333 de la Ley 1955 de 2019 para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, por lo cual, las disposiciones adoptadas, tienen fuerza de Ley.


Ahora bien, en cuanto a los aspectos generales se refiere, el Decreto reitera la aplicabilidad obligatoria del numeral 2 del artículo 1o de la Ley 962 de 2005 y del artículo 39 del Decreto 019 de 2012 cuando resulte necesario implementar o reglamentar alguno de los procedimiento administrativos que autorice o cree la Ley, en tanto la modificación estructural de trámites inscritos en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), requerirán previo concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública.


La Transformación digital para una gestión pública efectiva: Se hace virtual la atención al ciudadano de forma definitiva?


Un aspecto relevante de esta reglamentación es que comprende una apuesta definitiva, por lo menos desde las intenciones, con miras a hacer virtual la atención a los ciudadanos a través de los medios digitales. En efecto, la norma plantea un principio de obligatoriedad de canales digitales previsto en su artículo 8o según el cual, cuando las entidades habiliten canales digitales para cumplir sus funciones y competencias, deberán relacionarse con el ciudadano estrictamente por dichos medios, y solo a través de medios físicos o presenciales cuando la ley expresamente lo exija.


Resulta relevante igualmente en el proceso de digitalización de la atención al ciudadano, lo previsto en el artículo 16 del Decreto, que precisa la obligación de las entidades públicas que surtan actuaciones en sede electrónica, de disponer de sistemas de gestión documental electrónica y de archivo digital, asegurando la conformación de expedientes electrónicos que aseguren integridad, disponibilidad y autenticidad de la información. Esto resulta de especial relevancia tanto en materia urbanística como ambiental, ya que obliga a todos los involucrados para efectos del Decreto -dentro de los que se cuentan los particulares que ejercen funciones públicas tales como Notarios y Curadores Urbanos-, a mantener a disposición de los usuarios expedientes electrónicos que puedan ser consultados virtualmente sin necesidad de acceder físicamente a ellos, propósito al cual resultaría loable también que se dirigiera la gestión de la rama judicial, siendo en todo caso este último un fin de mayor envergadura y por ende, de mas difícil realización en el corto plazo.


Las novedades en materia ambiental


Obligatoriedad en el uso de la Ventanilla Única Ambiental -VITAL


Desde varios años, el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en funcionamiento un mecanismo de interacción con los usuarios de las autoridades ambientales, conocido como Ventanilla Única Ambiental -VITAL, con miras a simplificar las solicitudes y comunicaciones entre usuarios y autoridad, sin embargo, la implementación del mecanismo y su utilización en la práctica se ha visto reducida de manera importante, a usuarios recurrentes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.


El artículo 124 del Decreto 2106 de 2019, asigna al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la función de administrar la Ventanilla, precisando la obligación de todas las autoridades ambientales de habilitarla para la recepción de trámites ambientales.


Para estos efectos, y entendiendo que el propósito de la norma es universalizar la utilización de VITAL, el Decreto otorga al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible un término perentorio de 6 meses para determinar la gradualidad en la implementación de esta obligación por parte de las autoridades ambientales, para lo cual, el Ministerio contará a su vez con el concurso y colaboración del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.


Requisitos únicos del permiso o la licencia ambiental


Uno de los propósitos mas recurrentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido que las autoridades ambientales urbanas y regionales, especialmente las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, apliquen de manera uniforme los requisitos, formatos y procedimientos para el otorgamiento de permisos, concesiones y licencias ambientales, sin embargo, en la práctica cada autoridad ambiental ha hecho uso de una cuestionada discrecionalidad para determinar condiciones o requisitos adicionales no previstos en la ley.


Con el fin de corregir esta situación, el Decreto objeto de este análisis precisa en su artículo 125, que las autoridades ambientales no podrán exigir para los trámites de permisos, concesiones y licencias ambientales, requisitos adicionales a los previstos en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y las demás disposiciones reglamentarias en materia ambiental, agregando que en ningún caso por vía reglamentaria podrá facultarse a las autoridades ambientales para establecer requisitos, datos o información adicional para efectos de dar trámite a la solicitud.


Supresión de trámites de levantamiento de veda de flora silvestre


Se trata de un aspecto que sin duda causará controversia, ya que de acuerdo con el artículo 126 del Decreto 2106 de 2019, el desarrollo de proyectos, obras o actividades que requieran para su ejecución de la obtención de permisos, concesiones y licencias ambientales, no requerirá en adelante tramitar levantamientos parciales de vedas nacionales o regionales cuando se pretenda intervenir especies de la flora silvestre sometidas a dichas vedas, en cuyo caso, solo se requerirá de la imposición por parte de la autoridad ambiental respectiva, de las medidas a que haya lugar para garantizar la conservación de las especies vedadas.


En cuanto a la transición de este mandato, la norma precisa que los expedientes administrativos que a la entrada en vigencia del decreto se encuentren en trámite de levantamiento parcial de veda en curso, serán archivados de oficio o a petición de parte y la documentación será devuelta al interesado para que éste solicite a la autoridad ambiental competente la imposición de las medidas a que haya lugar, dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental que amparen la intervención de las especies vedadas.


De otra parte, señala el mismo Decreto que los expedientes administrativos que a la entrada en vigencia del mismo se encuentren en verificación del cumplimiento de las medidas de manejo para la conservación de las especies de flora silvestre vedadas, deberán ser remitidos en el estado en que se encuentren, a la respectiva autoridad ambiental competente, para su seguimiento dentro del trámite de la respectiva licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental.


Finalmente sobre este punto, y en lo que respecta a los procesos sancionatorios actualmente aperturados por el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible o las autoridades ambientales por intervenciones sobre la flora silvestre que no cuenten con el levantamiento de veda respectivo, aún si se encuentran amparados por un permiso, concesión o licencia ambiental, señala el Decreto que estos deberán continuar en la respectiva entidad hasta su decisión final.


A nuestro juicio esta ultima disposición, podría desconocer la aplicabilidad del principio de favorabilidad que tanto la Corte Constitucional (Sentencias T-625 de 1997, T-1087/05, C-619/01 y C-181/02 entre otras) como el Consejo de Estado (Sección Primera Sentencia de Unificación Expediente No. 0701 del 4 de agosto de 2016) han reconocido como obligatoria en el trámite de procesos sancionatorios de carácter administrativo, en el caso de procesos sancionatorios emprendidos por no contar con el levantamiento de veda para actividades que impliquen su intervención; sin embargo, en el caso de procesos sancionatorios emprendidos en razón al incumplimiento de medidas de manejo impuestas con ocasión de levantamientos de veda ya ejecutoriados, lo dispuesto por el Decreto resulta acertado.


Nuevos formatos para trámites de permisos, concesiones y licencias ambientales


De otra parte, el Decreto impone al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la obligación de adoptar dentro de los 12 meses siguientes a su expedición, unos nuevos formatos únicos nacionales para las solicitudes de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones de carácter ambiental, que vendrán a sustituir a los actualmente vigentes.