Reflexiones en voz alta sobre la riesgosa dilución de linderos competenciales entre las altas Cortes

Columna de opinión de nuestro socio Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz sobre las diferencias de criterio en torno a dos figuras con vocación de ejercicio de control de constitucionalidad de los actos de la administración pública en los asuntos de competencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado: la extensión de jurisprudencia y los efectos de cosa juzgada en los fallos de nulidad por inconstitucionalidad

Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz

Socio


Las altas Cortes respecto de las cuales se evidencia en ciertas oportunidades disparidad de criterios sobre los asuntos que les competen de acuerdo a la Constitución y la Ley, tienen asentadas tales competencias y funciones en la misma Carta Política, lo que hace de tales Cortes, jueces que forman parte de un poder constituidos por mandato popular como consecuencia del carácter del proceso constituyente que dio origen a la Constitución Política de 1991, luego no pueden entenderse sus competencias de manera alguna ajenas al contexto mismo de la apuesta institucional en la que se sustenta nuestro modelo democrático.


Residiendo entonces el poder constituyente en el pueblo, y siendo las altas Cortes instituciones que integran un poder constituido y no constituyente, deben reconocerse en las disposiciones superiores que las regulan como en aquellas legales que desarrollan tales mandatos constitucionales, las fuentes no solo de las atribuciones de las Altas Cortes sino además de sus límites.


El límite de la competencia esta dado en el ejercicio de la función pública por el principio de legalidad, también constitucional, principio que obviamente irradia el ejercicio de la función judicial; por ende, la existencia de unas funciones y competencias precisas realiza y concreta positivamente tales límites, de suerte que el estricto ajuste en el ejercicio de las competencias de cada Corte fijado materialmente por la Constitución y la Ley, reduce las posibilidades de discrepancias en el ejercicio de las atribuciones de cada una de ellas.


No obstante lo anterior, es evidente que sobre ciertos asuntos que cada Corte asume como de su resorte, se presentan diferencias que bien pueden obedecer a motivos materiales o sustanciales en la interpretación y aplicación del marco normativo de los asuntos que son sujetos a su consideración, bajo los medios de control y acciones judiciales pertinentes, pero que pueden también obedecer justamente a la dilución de los límites en las competencias entre las Cortes que resultan siendo consecuencia de discrepancias sobre el alcance de su facultad para decidir sobre tales medios de control y acciones judiciales desplegados y puestos en su conocimiento.


Un claro ejemplo de estas diferencias en torno al alcance de las atribuciones de las Altas Cortes como jueces de cierre en sus respectivas jurisdicciones ha sido el debate planteado en torno a dos mecanismos de competencia del Consejo de Estado que a juicio de la Corte Constitucional debían ser acotados en cuanto a su alcance en tanto comprenden eventualmente el debate judicial de asuntos constitucionales: el mecanismo de extensión de jurisprudencia previsto en el artículo 10º de la Ley 1437 de 2011, hoy modificada por la Ley 2080 de 2021, y el efecto de cosa juzgada constitucional de las decisiones que desatan el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad establecido en el artículo 135 de la misma codificación.


El primero de estos casos nos plantea una divergencia interpretativa que, en mi opinión termina siendo resuelto de forma afortunada con la Sentencia C-179 de 2016. El mecanismo de extensión de jurisprudencia fue abordado en cuanto a su constitucionalidad por la Corte Constitucional en sentencia C-634 de 2011, que condicionó la exequibilidad del artículo 10º de la Ley 1437 de 2011 “…en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las decisiones de unificación del Consejo de Estado y manera preferente, en razón de la jerarquía del sistema de fuentes previsto en la Carta y la vigencia del principio de supremacía constitucional, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas superiores aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia…”.


Pese a lo anterior, y sobre el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, la misma Corte en Sentencia C-179 de 2016 al analizar la exequibilidad del artículo 257 del mismo Código, reconoce en este recurso la fuerza vinculante de la doctrina que habita en las decisiones de los órganos judiciales de cierre, y la posibilidad del ejercicio de la acción de tutela como salvaguarda frente a decisiones judiciales de tales órganos que puedan vulnerar derechos fundamentales.


El otro caso referido es el de los efectos de cosa juzgada constitucional de las sentencias proferidas en el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad previsto en el artículo 135 del CPACA, que recoge fielmente el mandato del numeral 2º del artículo 237 de la Constitución: son objeto de control constitucional todos los decretos expedidos por el Gobierno Nacional cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional, otorgando a los fallos respectivos el carácter de cosa juzgada constitucional.


En este caso, la Corte en sentencia C-430 de 2013 reivindicó su condición de órgano de cierre constitucional, y por ende, concluyó que el carácter de cosa juzgada constitucional solo resulta aplicable a sus decisiones, declarando exequible el mandato del artículo 135 bajo el entendido de que a la Corte Constitucional le corresponde el control constitucional de los actos de carácter general, expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional, con contenido material de ley.


Este caso resulta relevante para significar una circunstancia a mi juicio imprescindible: la salvaguarda de la integridad y supremacía constitucional se encuentra inmersa en la función judicial de todas las altas Cortes de cierre cuando despliegan sus facultades de salvaguarda de la supremacía normativa de la Constitución, como órganos de un poder judicial constituido y no constituyente.


Ahora bien, ¿cómo resolver discrepancias de criterios como las enunciadas? La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia creó la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial a la que lamentablemente solo le asisten atribuciones como mecanismo de información recíproca entre las Corporaciones judiciales y de foro para la discusión de los asuntos que interesen a la administración de Justicia, restringida en su alcance a asuntos administrativos pero no a la solución de disparidades de criterio como las referidas, pese a que a ella concurren los Presidentes de las Altas Cortes.


El Proyecto de reforma recientemente conciliado en el Congreso de la República a la Ley Estatutaria no altera este énfasis en el propósito de esta Comisión, pero si involucra una herramienta que puede resultar útil par avanzar en la unificación de criterios, por lo menos al interior de cada jurisdicción: la agrupación temática de procesos similares que se encuentren para fallo, y que pueden ser resueltos bajo las mismas consideraciones de la primera decisión que sobre ellos se adopte.


La resolución de disparidad de criterios judiciales en las altas cortes emerge como un estándar o mandato de optimización del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; en este sentido, la construcción de reglas claras de solución de diferencias de criterios debe encontrar respuestas de carácter adjetivo que resulten fundadas en garantías procesales para los administrados, como estándar mínimo en la realización del derecho al debido proceso.


En efecto, la certidumbre sobre las reglas procesales en todos los procedimientos a cargo de las Cortes de cierre, como por ejemplo, en la revisión de decisiones de tutela, garantiza los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, el debido proceso, y la igualdad, claro está, sin caer en el exceso ritual que sacrifique la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales.


Finalmente, a mi juicio, ninguna solución debe suponer prescindir del espacio para el debate doctrinario necesario en el ejercicio de las funciones judiciales de cierre en las altas Cortes: la función judicial no puede ser vista como una simple mecánica operativa ni el derecho como una construcción pétrea sin posibilidad de evolución y reinterpretación permanente, pero tal propósito debe conciliarse de manera necesaria con la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia que involucra a mi entender, la certidumbre sobre los mecanismos de resolución de diferencias de criterio entre las Cortes de cierre.


gustavo@guerreroruiz.com

Twitter: @gguerreroruiz



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