Se expide la Ley de Delitos Ambientales que reforma Código Penal y crea nuevos delitos

Entre otras reformas introducidas por la Ley 2111 del 29 de julio de 2021, se aumentaron las penas de algunos tipos penales como la del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, y se tipificaron nuevas conductas como la deforestación y el ecocidio.


Por: Jorge Andrés Obando Moreno


La ley 2111 de 2021 “por medio del cual se sustituye el título XI “de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la ley 599 de 2000, se modifica la ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones”, introdujo varias medicaciones al régimen de los delitos ambientales.


Esta ley, entre otras modificaciones, aumentó las penas y los agravantes de algunos tipos penales, introdujo la tipificación de nuevas conductas, creó nuevos agravantes, dispuso la procedencia de ciertas medidas cautelares, y creó la Dirección Especializada para los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, las cuales se reseñan de manera breve a continuación:


Nuevos tipos penales


Dentro de las conductas novedosas que fueron tipificadas penalmente se encuentran: 1) el tráfico de fauna, 2) la deforestación, 3) la promoción y financiación de la deforestación, 4) el Ecocidio, 5) la financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, 6) la apropiación ilegal de baldíos de la nación, y 7) la financiación de la apropiación ilegal de baldíos de la nación.


Frente al tipo de tráfico de fauna, es importante aclarar que ya la conducta ya se encontraba tipificada en el tipo “aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables”. No obstante, en la reforma se creó este tipo de manera aparte para penalizar específicamente el tráfico de fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas. Con la agravante de cometer la conducta a través de la exportación o comercialización de aletas de tiburones, rayas y quimeras.


Con respecto al tipo penal de deforestación (art. 330), la ley establece que se sancionará penalmente al que “sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural”, con prisión de (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) SMLMV.


Asimismo, la ley establece que la pena por deforestación se aumentará a la mitad:

  1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

  2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

La ley también estableció el delito de promoción y financiación de la deforestación para “el que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio” de la deforestación (en los términos del artículo 330), con los mismos agravantes.


Por su parte, otra novedad de la reforma es la introducción de la figura del “Ecocidio” dentro del Código penal. Precisamente, la ley definió esta figura como “el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas”.


El Ecocidio se encuentra en el tipo “Daño en los recursos naturales y Ecocidio” y penaliza al “que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos”.

Es importante mencionar que, la ley también precisó el alcance de la noción de impacto ambiental para este delito, y dispuso que por este se entenderá “la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.”


Con respecto al delito de apropiación ilegal de baldíos, el nuevo régimen legal de delitos ambientales dispone que “el que usurpé, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”


No obstante, la misma ley aclara que no habrá responsabilidad penal cuando la conducta del tipo la cometan personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos. Ni será considerado delito cuando la conducta se ajuste a lo dispuesto en la ley 160 de 1994 y el D.L. 902 de 2017 de adjudicación de baldíos.


Otras modificaciones


Es importante mencionar que la reforma al régimen legal de los delitos ambientales, eliminó el delito de violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales (antiguo artículo 329).


Nuevas Circunstancias de agravación punitiva


Con respecto a las circunstancias de agravación punitiva que incluyó la ley, se estableció que las penas descritas en los tipos penales se aumentarán de una tercera la parte a la mitad por, entre otras, las siguientes circunstancias:


- Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas.


- Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano.


- Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.


Medidas Cautelares


La ley estableció que para los delitos ambientales, el juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad ambiental.


Reformas al Procedimiento Penal


La ley creó en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, con la función principal de investigar y judicializar los delitos ambientales.


Asimismo, la ley reformó el código de procedimiento penal para asignarle la competencia a los jueces penales del circuito especializados para conocer de los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y Ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.


Por último, se estableció que cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica en virtud del artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la respectiva sentencia.


Cambios en la duración de la pena y cuantía de la multa


La reforma introdujo el cambio y el aumento de la duración de las penas privativas de la libertad, y de la cuantía de las multas, de la mayoría de los tipos penales. Dentro de los principales cambios se observan los siguientes:



Para ampliar la información y resolver cualquier inquietud con respecto al nuevo régimen legal de los delitos ambientales, comuníquese con nosotros.