Tribunal de la Haya ordenó a la petrolera Shell a reducir sus emisiones de CO2 para 2030

En la sentencia del Tribunal Holandés, se condenó a la compañía anglo-neerlandesa petrolera Royal Dutch Shell a reducir sus emisiones de CO2 en un 45% neto para 2030, mediante su política corporativa, para reducir los riesgos del Cambio Climático en Países Bajos y en la región de Wadden.



Por: Jorge Andrés Obando Moreno

Guerrero Ruiz Asociados


La demanda fue presentada por 7 fundaciones y asociaciones dentro de las que se encuentran Milieudefensie y Greenpeace Netherlands, y coadyuvada por mas de 17.000 ciudadanos holandeses, en contra de la compañía matriz Royal Dutch Shell (RDS) como responsable de las emisiones del grupo Shell, que agrupa a más de 1.100 compañías separadas a nivel mundial.


Precisamente, la demanda estuvo dirigida a probar que RDS no cumplió sus obligaciones nacionales e internacionales al no adoptar medidas suficientes para reducir sus emisiones de CO2 a nivel mundial, las cuales según el tribunal, superan las de varios Estados como los Países Bajos y contribuyen a acentuar el cambio climático y sus riesgos en los Países Bajos y la región de Wadden.


Derecho aplicable y Soft Law


Aunque el derecho aplicable según el tribunal es el derecho civil holandés contiene las obligaciones de contribuir a la prevención del cambio climático peligroso y el Tratado de Roma II, un instrumento de derecho internacional privado que determina obligaciones extracontractuales por daños ambientales, el mismo tribunal interpretó el estándar de atención que proveen tales obligaciones con base en tratados internacionales de derecho ambiental como el acuerdo de Paris, e instrumentos internacionales de derecho blando «soft law» en materia de derechos humanos, como los Principios rectores de Derechos Humanos y Empresas de la ONU (UNGP), y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.


Con respecto a los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, el tribunal precisó que aunque no generan obligaciones vinculantes a las empresas, si establecen un estándar mundial de conducta esperado por las empresas, consistente en prevenir que con sus operaciones se transgredan los derechos humanos, y en caso de que esto ocurra, se adopten medidas para reducir y mitigar tal daño. En ese sentido, como ya se mencionó, la Corte resaltó la función interpretadora que tienen estos principios para determinar el estándar de atención para el caso en concreto.


Con base en lo anterior, un punto importante que tocó el tribunal, es que las obligaciones que tienen las empresas en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos en el marco de sus actividades, son independientes de la capacidad o voluntad que tengan los Estados para cumplir con sus propias obligaciones de derechos humanos. Es decir, si un Estado no tiene la voluntad de cumplir con sus obligaciones en la materia, las empresas no pueden excusarse para no cumplir con el estándar de protección de los derechos humanos. En efecto, el tribunal considera que las empresas deben ir mas allá de las leyes y regulaciones nacionales si estás no son suficientes para garantizar los derechos humanos de la población en el marco de sus actividades. En ese sentido, precisó que en la medida en que las obligaciones de las empresas y los estados en derechos humanos son independientes, así su responsabilidad.


De las guías de la OCDE para empresas multinacionales, el tribunal rescató que el deber de las empresas de respetar derechos humanos significa, por una parte, evitar infringir tales derechos y, por otra, mitigar los impactos negativos sobre los derechos humanos en los que están involucradas. Mitigar, significa adoptar medidas necesarias para prevenir, limitar, y cuando sean necesarias, corregir tales impactos. El tribunal concluyó que respetar los derechos humanos no es una responsabilidad pasiva de las empresas, sino que requiere acciones ejecutadas por estas.


La noción de riesgo y daño irreversible


Es importante resaltar que el tribunal determinó la exigibilidad de las reducciones de CO2 como medida para mitigar el cambio climático, con base en la noción de riesgo. Precisamente, el tribunal caracterizó los riesgos a los cuales está expuesta la región a causa de las emisiones de CO2 y precisó que aunque hay incertidumbre acerca de la materialización de dichos riesgos en el futuro, lo cierto es que hay una amenaza de daños graves e irreversibles hacia la vida y salud de los habitantes, por lo cual la adopción de medidas es necesaria.


En efecto, los riesgos que resaltó el tribunal que podrían generar daños graves e irreversibles son: riesgo de mortalidad debido al aumento de las enfermedades infecciosas, el deterioro de la calidad del aire, el aumento de la exposición a los rayos UV, las inundaciones a lo largo de la costa y los ríos, el exceso de agua, la escasez de agua, el deterioro de la calidad del agua, la salinización, el aumento del nivel del agua y la sequía, entre otros.


Medidas para mitigar los riesgos por parte de Shell


Para cuantificar la reducción de emisiones de CO2 que la empresa debe cumplir, y de esta manera reducir los riesgos causados por tales, el tribunal tomó en cuenta los datos del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) que para el tribunal, representan los mejores hallazgos científicos disponibles respecto al cambio climático. En ese sentido, el tribunal determinó que una reducción neta del 45% de las emisiones de CO2 en 2030, en relación con los niveles de 2010, ofrecen la mejor oportunidad posible en todo el mundo para prevenir las consecuencias más graves del peligroso cambio climático, sin embargo, se falló con base en los niveles del 2019 como lo pretendieron los demandantes.


El tribunal también consideró, que RDS debe dirigir sus acciones de mitigación para que cubran toda su cadena de valor, incluyendo las compañías afiliadas, los proveedores, y los consumidores finales de los productos producidos y comercializados por Shell. Frente a lo anterior, el tribunal estimó que aunque Shell no tienen tanta influencia o control sobre las emisiones de CO2 de los consumidores finales, si puede tomar decisiones dirigidas a abstenerse de realizar ciertas inversiones o puede modificar los paquetes de energía que ofrecen en el mercado de tal manera que se asegure la reducción de emisiones.


Excepciones presentadas por Shell


El tribunal estimó que la demanda energética no debe ser un pretexto para no adoptar medidas de reducción de CO2, pues precisó que el acceso a energía confiable y asequible debe ser garantizado en el contexto de los objetivos climáticos. Frente a esto, el tribunal consideró que los Objetivos de Desarrollo Sostenible en ninguna manera contradicen los objetivos climáticos del Acuerdo de Paris, sino que por el contrario, se complementan.


Otra de las excepciones propuestas por RDS consistió en que imponer la reducción de emisiones de CO2 no es una medida eficaz para mitigar el cambio climático, pues existen otros competidores en el mercado que van a ocupar el lugar de Shell en emisiones de CO2. Frente a esto, el tribunal precisó que aún si eso fuera cierto, no exime a RDS de cumplir sus obligaciones en reducción de gases de efecto invernadero, y además, las demás compañías también deben cumplir con tales obligaciones.


Frente a la excepción consistente en que las acciones de mitigación del cambio climático que pudiera emprender Shell nunca serian suficientes para mitigar el cambio climático, ya que es un trabajo de la sociedad y los Estados en general, el tribunal precisó que aunque es cierto, la falta de voluntad de los estados o la sociedad para alcanzar los objetivos de mitigación no eximen al grupo empresarial de cumplir con sus obligaciones en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 y a la contribución para mitigar el cambio climático. Esto en concordancia con la independencia de las obligaciones de las compañías y los Estados en derechos humanos, mencionado anteriormente.


Frente a la onerosidad que supondría el cumplimiento de las obligaciones de la sentencia, el tribunal precisó que Shell no pudo probar la desigualdad de condiciones para competir en el mercado que las medidas generarían, y ratificó que todas las empresas deben contribuir a la transición energética, por lo cual, todas las empresas compitiendo en el sector deben contribuir a la reducción de sus emisiones de CO2.


Con respecto a la proporcionalidad de la medida, el tribunal justifica que tal medida contribuye a garantizar los derechos humanos de los habitantes de la región frente a los riesgos del cambio climático y precisa que, en la medida en que la reducción de emisiones se llevará a cabo con base en las políticas de RDS para todo el grupo Shell, la medida es proporcional.


Fallo


Antes del fallo, el objetivo de reducción del grupo Shell era del 20% para el 2030, un 45% para 2035, y un 100% para 2050. Sin embargo, el tribunal consideró que se trataban de intenciones intangibles, indefinidas y no vinculantes para el largo plazo, que podían variar precisamente por el nivel de cumplimiento que fuera ejecutando la compañía a lo largo del tiempo. Por lo cual, el tribunal consideró la necesidad de una reducción mas acelerada, efectiva y vinculante de reducciones de CO2 por parte de la compañía.


En ese sentido, el tribunal falló a favor de los demandantes, y ordenó a RDS a educir las emisiones de CO2 de las actividades del grupo Shell en un 45% neto a fines de 2030, en relación con 2019, a través de la política corporativa del grupo Shell. Esta obligación de reducción se relaciona con toda la cartera de energía del grupo Shell y con el volumen agregado de todas las emisiones.


Conclusiones


La Sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya, de 26 de mayo de 2021 es un fallo novedoso en litigio climático por varias razones, por una parte, el demandado y condenado es una compañía petrolera, y por otra, si bien el derecho aplicado fue la normativa civil holandesa, el tribunal hizo una fuerte incorporación de soft law en derechos humanos para precisar el estándar de cuidado e interpretar las obligaciones de la compañía.


Además, el tribunal fundamentó la adopción de medidas de reducción de emisiones, con base en los riesgos que tiene el cambio climático para la región, que si bien son inciertos en cuanto a su materialización, hay una aceptación global en cuanto al carácter irreversible y grave de los daños causados por el cambio climático, razón por la cual es menester la adopción de tales medidas. Con base en lo anterior, se podría afirmar la existencia de una aplicación tácita del principio de precaución ambiental.


Asimismo, la sentencia supone un ejercicio de integración y armonización entre las diferentes normas y estándares de derecho nacional, derecho internacional ambiental y derecho internacional económico.


Por ultimo, se destaca el estándar de acción que el tribunal le impone a las compañías, que puede superar la normatividad exigida por el derecho nacional, y exige la garantía de los derechos humanos con independencia de las acciones que emprendan los Estados para tal efecto.


Conozca aquí la sentencia de la Corte de Dist