Hacia una agenda legislativa y regulatoria para unos sectores minero energético, de infraestructura y de desarrollo rural y urbano sostenibles y con seguridad jurídica

Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz | Director Legal y de Asuntos Regulatorios | Minería, Energía y Sostenibilidad

Columna de Opinión

Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz

Director Legal y de Asuntos Regulatorios | Minería, Energía y Sostenibilidad

Hoy tuve oportunidad de compartir un espacio muy enriquecedor con algunos colegas de la industria extractiva en Colombia, y de escuchar ideas e inquietudes que de seguro nos permitirán encausar el marco jurídico del desarrollo en Colombia reconociendo nuestra diversidad, un necesario enfoque territorial y de derechos humanos pero también la necesaria seguridad juridica y abordaje responsable de la crisis global que nos apremia.

Quiero referirme a algunos puntos que una agenda normativa responsable debiera comprender en los años venideros frente a estos retos de cara a unos sectores minero energético y de infraestructura regulados de manera sostenible:

1. Es necesaria una instancia resolución tensiones intersectoriales frente al uso del suelo: los sectores del desarrollo actualmente compiten por privilegiar sus propias razones de utilidad pública e interés social como razones de Estado para imponerse y en algunos casos vaciar las competencias de los municipios sobre la materia.

2. Coexistencia como estrategia de desarrollo territorial. Es necesario superar la concepción fallida de un territorio unifuncional, y reconocer que los suelos, especialmente los rurales, son multifuncionales, y que en ellos pueden concurrir intereses diversos de forma planificada: territorios agro mineros y de transición energética permitiendo a la sociedad y las comunidades que habitan el territorio beneficiarse del desarrollo socioeconómico que la multifuncionalidad puede aportar.

3. Optimización en el uso de tierras destinadas a la actividad agropecuaria. urge retomar la reconversión productiva agropecuaria como estrategia de optimización de la productividad de los suelos rurales sin extender la frontera agrícola, vinculando elementos tales como la restauración ambiental y la reutilización de áreas consideradas pasivos ambientales, y reconociendo las capacidades potenciales de nuestras comunidades campesinas y de la agroindustria bajo esquemas asociativos diversos.

4. Recuperación y restauración como estrategias de desarrollo territorial y reactivación económica. Hay que convertir a la rehabilitación de áreas degradadas a través de la recuperación y restauración en verdaderas oportunidades de desarrollo social y económico en las que concurran los múltiples actores del territorio. Es imprescindible desarrollar esquemas diferenciales a nivel territorial como APP y otras figuras asociativas Estado-empresa-comunidades para la reactivación y reconversión productiva y social territorial

5. Debemos desarrollar modelos contractuales que promuevan la coexistencia de fuentes de energía, bajo criterios de adicionalidad de cara a la transición energética: Esquemas diferenciales que prevean incentivos a la coexistencia de actividades extractivas que tengan indicadores de reducción, con actividades de generación de energías renovables cuya participación proporcional resulte probadamente incremental.

6. Evaluación Ambiental Preliminar. Tenemos que revisar el esquema de licenciamiento ambiental en Colombia, la evaluación gruesa de impactos ambientales debería ser un criterio para viabilizar o no contratos de concesión, E&P e infraestructura, con una evaluación definitiva y en detalle de los componentes del Plan de Manejo Ambiental (PMA) luego de la adjudicación de cada proyecto, obra o actividad, como condición para su ejecución.

7. Ligado a lo anterior, es necesario revisar el modelo de la Ley marco de autorizaciones sectoriales que ha construido Chile, como estrategia regulatoria dirigida a establecer unas condiciones mínimas y comunes de los trámites para la consecución de permisos, concesiones, autorizaciones y licencias requeridas para el desarrollo de proyectos por parte de los sectores económicos; se trata de una estrategia que permitirá ademas racionalizar los procedimientos de forma que se garanticen derechos como los de participación y acceso a la información, pero también garantías tales como la de la legalidad en el ejercicio de la iniciativa privada y en el desarrollo de las actuaciones administrativas, garantías hoy relativizadas por la discrecionalidad y en muchos casos, la arbitrariedad.

8. Urge que el Ministerio de Ambiente de cumplimiento al deber que tiene desde diciembre de 1993 en el sentido de expedir el Estatuto de Zonificación y Uso Adecuado del Suelo, que establezca las reglas generales y claras cuando se pretenda condicionar de manera excepcional el ejercicio de las competencias constitucionales de los municipios de cara a la regulación del uso del suelo en sus territorios, siempre con su concurso.

9. Finalmente, se requiere emprender el desarrollo del Acuerdo de Escazu, que ya es ley de la República, de forma que se desarrollen de manera diferencial los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental de cada tipo de actor, incluyendo al sector productivo, que es también un actor del territorio y del desarrollo sostenible.

Hay mucho por hacer, y confiamos en que la agenda legislativa y reglamentaria prevean estos y otros asuntos que hoy demandan la sociedad civil, la ciudadanía y un sector productivo expectante frente a las señales que la política pública traerá en los años por venir para favorecer su fortalecimiento.

Videcolumna: Hacia una agenda legislativa y regulatoria para unos sectores minero energético, de infraestructura y de desarrollo rural y urbano sostenibles y con seguridad jurídica