Los retos del nuevo Ministro de Ambiente: Recuperar la confianza

Actualizado: oct 28

Por: Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz

Socio Guerrero Ruiz Asociados

(Columna publicada en la edición de octubre de 2020 del periódico "Golpe de Opinión" )


La llegada de un nuevo Ministro de Ambiente al gabinete es habitualmente vista por el ambientalismo Colombiano como por los sectores regulados y la sociedad civil en su conjunto, con renovada y repetida ilusión, propia de una Nación que se resiste a desmontar sus ilusiones y en especial su confianza, porque en últimas, es lo que nos queda, ya que poco a poco, pero con mayor velocidad cada vez, los bosques, selvas, humedales, montañas, páramos y tantas otras riquezas naturales del país, parecen ir desapareciendo ante nuestros ojos incrédulos y expectantes.


Cada nuevo Ministro de Ambiente que llega al gabinete se percibe de diversas formas por una sociedad cada vez mas dividida en torno al ambiente, un asunto también cada vez mas central en el debate público y por ende, en la discusión política, cuyo abordaje ha propiciado enconados y profundos rencores, prejuicios, estigmas, luchas pero también intolerantes convicciones: el otro, cuando del debate ambiental se trata, se percibe como un enemigo, o por lo menos, impúdicamente ignorante, ante cada vez mas emergentes formas de saber y entender nuestra relación con el entorno.


Una opinión dividida no significa necesariamente que lo sea en torno a la ignorancia, por el contrario, en asuntos ambientales, la Colombiana es una sociedad cada vez mas apropiada del conocimiento y la información sobre sus riquezas naturales, en diversas perspectivas, construidas desde la ciencia, los conocimientos tradicionales, la costumbre, la práctica, y la percepción misma del desarrollo, visiones enriquecidas con las vigorosas corrientes ideológicas y movimientos de diversa índole arraigados en el mundo respecto de la naturaleza, que hoy incluso, han encontrado asiento en diversas providencias judiciales que han llegado a reconocer al ambiente y sus elementos como sujetos de derecho, aún sin clara eficacia distintiva frente a otros medios percibidos como tradicionales, antropocéntricos de resolución del conflicto ambiental, de la relación entre el ser humano y la naturaleza.


En un contexto como este, la llegada de una nueva cabeza a la cartera de ambiente supone para su titular mayores retos, y renovada capacidad de diálogo e interlocución con todos los actores (cada vez más) del debate público ambiental, y la imposición propia de retos que en ocasiones pueden fracturar paradigmas y lógicas asentadas en la institucionalidad, pero sin lo cual no se concibe una salida a la crisis ambiental global de la que nuestra Nación es parte.


Sin duda el de la institucionalidad es un asunto que no puede seguir postergado: las Corporaciones Autónomas Regionales, su organización y estructura, como la forma de ejercer sus facultades de autoridad (comando y control) ameritan revisión y replanteamiento, en el entendido que si bien se trata de instituciones cuyo diseño es relativamente reciente (27 años desde la expedición de la Ley 99 de 1993), ejercen las funciones y competencias propias que fueron diseñadas como marco jurídico para regular el uso y aprovechamiento de los denominados recursos naturales renovables con la expedición del Decreto Ley 2811 de 1974 y las normas que lo desarrollan y reglamentan, la mayor parte de ellas, incorporadas al Decreto Único del sector (Decreto 1076 de 2015).


El Sistema Nacional Ambiental (SINA) en general, requiere verse al espejo, probablemente logre percibirse como una estructura concebida hacia adentro, pero no hacia fuera, sin capacidad efectiva de incidir en asuntos tan relevantes en los que los distintos sectores de la administración pública compiten entre si como lo son el ordenamiento territorial y la asignación de recursos financieros que les permitan fortalecer su accionar, la discusión sobre el destino del recaudo del impuesto al carbono es quizás, un buen ejemplo de ello.


La deforestación emerge igualmente como una expresión, un síntoma de la mayor gravedad y envergadura de un desarreglo de política pública, institucional y normativa, como lo es justamente el ordenamiento ambiental del territorio y su relación con el ordenamiento productivo del mismo, y el modelo mismo de ocupación y uso del suelo, que se percibe excesivamente centralizado, en un modelo que distorsionó con claridad el concepto de utilidad pública previsto en el artículo 58 constitucional, y que arreció el conflicto entre propiedad y protección ambiental, conceptos ambos que requieren necesariamente ponerse a dialogar, antes que entenderse como incompatibles: el Estado no ha probado ser mejor administrador de las tierras destinadas a la conservación, de lo que pudiera serlo quien la ocupa, la posee o la detenta como propietario, con los adecuados incentivos, reales, no ideales, que permitan hacer de la economía verde una realidad.


En este contexto, la innovación resulta indispensable, y por tanto, la capacidad del sector de diseñar incentivos, instrumentos concretos para propiciar buenas prácticas que concilien propiedad, producción, colectividad y protección, de la mano de una necesaria simplificación regulatoria, y del rompimiento de mitos y temores en torno a mecanismos tales como los que podrían emerger a la luz del Acuerdo de Escazú, cuya lectura debe darse desde el fortalecimiento de los derechos de acceso, pero también de la seguridad jurídica, siempre aliada de mayor inversión y menos conflictos.


Finalmente, se hace necesario que el nuevo Ministro asuma con compromiso el impulso del establecimiento de una justicia ambiental (que no necesariamente de una jurisdicción ambiental), en la que algunos jueces y Tribunales administrativos y porque no, civiles, puedan ocuparse de manera especializada de asuntos ambientales, lo que demanda ante todo definir cuales son esos asuntos, y en consecuencia, precisar si será requerido concebir medios de control judicial específicos para tales asuntos ambientales; la Ley 99 de 1993 ya había enunciado acciones de nulidad y populares especialmente dirigidas a los temas propios de competencia del SINA.


En conclusión, podemos decir que estos enunciados, que sin duda no agotan los retos que recibe el nuevo Ministro de Ambiente, tienen un elemento en común con el que cuenta desde ya el nuevo titular de la cartera: una sociedad que no se da por vencida y que lo recibe con ilusión y disposición a aportar, a trabajar conjuntamente, a ser escuchada, y a incidir de manera efectiva y sobre todo transformadora en nuestra relación con la naturaleza y el entorno.


Tomado de https://web.golpedeopinion.com.co/ediciones-impresas-periodico-golpe-de-opinion/

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