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MinAmbiente publica borrador de resolución que ajusta actividades que no requieren sustracción de Reservas Forestales: por fuera infraestructura clave para la seguridad energética
- Guerrero Ruiz | Legal
- 4 dic 2025
- 3 Min. de lectura
El Ministerio de Ambiente publicó un nuevo borrador de resolución que busca reemplazar las Resoluciones 1527 de 2012 y 1274 de 2014, que desarrollan lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, que facultó al ese Ministerio para señalar las actividades que ocasionan bajo impacto ambiental y que además generen beneficio social, de manera tal que se puedan desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la sustracción de las mismas.
La norma pretende modernizar el listado de actividades que pueden desarrollarse dentro de las Reservas Forestales sin solicitar sustracción previa, y en buena medida lo logra: el documento es más claro, más detallado y mucho más ajustado a las realidades sociales y productivas de los territorios.
En efecto, se percibe un esfuerzo por poner al día este listado para un país que ha cambiado: comunidades con necesidades crecientes de servicios públicos, transición energética en curso, digitalización acelerada y un reconocimiento constitucional más robusto del campesinado. El resultado es un catálogo más amplio que incluye infraestructura comunitaria, vivienda rural dispersa, saneamiento básico, conectividad digital, soluciones fotovoltaicas y actividades humanitarias o científicas que antes no estaban plenamente contempladas.
Un avance importante, pero con un vacío que preocupa
Entre las novedades, sin embargo, sobresale un vacío que debemos resaltar: el borrador no incluye todas las infraestructuras necesarias para la distribución y transmisión de energía eléctrica, limitándose a exceptuar del trámite de sustracción de las reservas forestales, “las soluciones fotovoltaicas individuales aisladas, la interconexión de viviendas a la red de distribución eléctrica existente, sistemas híbridos aislados agrupados en forma de microrred con un límite máximo de potencia de 5MW”
En la práctica, esto significa que no estarían exceptuadas del trámite de sustracción obras que son indispensables para garantizar la continuidad, confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico, tales como:
redes de distribución primaria y secundaria,
líneas de transmisión regional o nacional,
subestaciones eléctricas,
ampliaciones de redes existentes, incluso cuando implican intervenciones de muy bajo impacto,
infraestructura de respaldo necesaria para evitar apagones o fallas de servicio.
Es necesario recordar que, el de energía, es un servicio público esencial, considerado por las Leyes 142 y 143 de 1994 como de utilidad pública e interés social, luego la garantía de la prestación del servicio permite brindar seguridad energética para todos los Colombianos, no solo para los usuarios industriales y comerciales, sino además para una escuela rural, un puesto de salud y miles de familias atrapadas en la pobreza energética.
Un país que quiere avanzar no puede dar la espalda a la seguridad energética
La transición energética —que el país ha abrazado con ambición— exige fortalecer la infraestructura eléctrica, no limitarla. Zonas rurales con déficits históricos de energía, muchas de ellas dentro de reservas forestales, dependen en buena medida de que estas redes puedan expandirse con criterios ambientales estrictos, pero sin bloqueos regulatorios.
Recordemos que en el caso de la región central, se han advertido los riesgos de desabastecimiento causados por el represamiento en las decisiones sobre sustracciones de reservas forestales que han impedido la ampliación de las redes de distribución y transmisión que garanticen el servicio público esencial de energía para todos los habitantes de la región Andina que concentra más del 70% de la población del país, y que representa cerca del 48.5% del PIB de la Nación (considerando la Sabana de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca).
La protección del bosque y la seguridad energética no son objetivos incompatibles; de hecho, son interdependientes. Un país con energía confiable puede adoptar tecnologías limpias, reemplazar combustibles fósiles y ofrecer alternativas productivas que disminuyan la presión sobre los ecosistemas.
Por eso, si bien este proyecto es un paso adelante y merece reconocimiento, su versión final debería corregir este vacío. Colombia necesita un marco que proteja los bosques, sí, pero también que garantice que el país tengan energía en firme y segura, pero en especial acceso continuo y digno.
En Guerrero Ruiz | Legal seguiremos atentos al avance de este proceso regulatorio para apoyar a nuestros clientes en la identificación de las implicaciones que el mismo tendrá en el desarrollo de sus actividades.
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